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Xornal  »  La ideología del patrimonio y el nacimiento de la historia basura

José Carlos Bermejo Barrera, Universidade de Santiago de Compostela : La ideología del patrimonio y el nacimiento de la historia basura


"Los hombres de ideas cortas juzgan que es derecho cuanto se ha explicado con palabras".Giambatista Vico, Ciencia Nueva, CIX, 319. "Las palabras son las fichas de los hombres sabios, pero la moneda de los tontos". Sir Francis Bacon.

De lo que aquí se trata es de una reflexión sobre la magia, sobre la magia de las palabras, y en concreto acerca del encantamiento que una de ellas, la palabra patrimonio, parece estar ejerciendo sobre nuestros contemporáneos. Actualmente se habla del patrimonio, de los especialistas en patrimonio, e incluso de los estudios de patrimonio, que en ocasiones están siendo elevados al rango de estudios universitarios. No obstante, no se suele decir, aunque sea evidente, que se está hablando de un patrimonio creado, definido, poseído a veces y mediatizado por el Estado y que además es de un determinado tipo (histórico o artístico y arqueológico en el caso que nos ocupa). Económicamente hablando, la mayor parte del patrimonio del Estado no lo constituyen los objetos histórico-artísticos, sino las infraestructuras de comunicación, los edificios públicos, los terrenos o las armas de los ejércitos. Sin embargo, el uso social, por lo menos en los medios que vamos a tratar, parece intentar, mediante una curiosa metonimia, absorber el todo en una sola de sus partes.

A lo largo de este trabajo sostendremos que el Estado (o las administraciones públicas en general) es o bien propietario de buena parte del patrimonio cultural, o bien el garante de su existencia, a través de una serie de normas que lo crean y le permiten asegurar su conservación mediante la limitación de lo que podríamos llamar el derecho de propiedad en estado puro.

En un nivel genérico, se llama propietario de un bien o una mercancía a la persona, física o jurídica, que puede ejercer sobre él tres derechos: el derecho de uso; el derecho de enajenación; y el derecho a su transformación o destrucción, en determinados casos.

En el caso de los objetos que se definen como patrimonio cultural, el Estado o bien es el único propietario, y por lo tanto el garante de su conservación; o bien, en aras de esa misma conservación, limita los tres derechos del propietario de la siguiente forma: en primer lugar puede limitar su uso, obligando a compartirlo y a ponerlo a disposición del público, de diversos modos y en función de diferentes circunstancias. En segundo lugar, limita su capacidad de enajenación: o bien el objeto no se puede vender (por ejemplo, fuera del territorio nacional), o bien, si se vende, el comprador estará sometido a las mismas limitaciones de uso que ya tenía el vendedor, y que están reguladas por la ley. Y en tercer lugar, el Estado impide la destrucción de los bienes culturales, o su transformación en otras mercancías.

El Estado, por lo tanto, es propietario de los bienes culturales o bien limita y regula su uso, garantizando su conservación. Lo que es evidente, en cualquier caso, es que sin la existencia del Estado los bienes culturales no tendrían entidad conceptual ni jurídica, limitándose a ser, como ha sucedido a lo largo de la historia, objetos de uso práctico, objetos con valor simbólico (religioso), o bien meras curiosidades que llamaron la atención de nuestros antepasados por salirse del orden de los objetos que configuran el mundo de nuestra vida cotidiana.

Como esto es una reflexión sobre las palabras, convendría comenzar por aclarar el significado de algunas de las contenidas en nuestro título, concretamente "ideología" y "basura", que ha adquirido un nuevo uso, consagrado socialmente, al hablar de los medios de comunicación.

El término ideología se creó en el siglo XVIII para designar el estudio de las ideas y su historia (Plamenatz, 1983). Se llamaba ideólogos a los filósofos de la Ilustración que quisieron hacer una ciencia del estudio del pensamiento, asociándola a las propuestas de cambio social y político, razón por la cual Napoleón considerará enemigos a los Idéologues (Eagleton, 1997). Poco a poco la palabra irá cayendo en desuso, hasta que Marx y Engels la retomen en su libro La ideología alemana, un libro que tendría muy poco impacto en su época ya que no fue publicado: como dijo el propio Marx, fue dejado a la demoledora crítica de los ratones una vez que sus autores consideraron que ya habían aclarado sus ideas (Kofman, 1973).

En la acepción marxista, el término adquiriría un sentido nuevo, como señala Kofman, ya que la ideología es una representación falsa de la realidad, una imagen invertida del mundo interior, como la que refleja una cámara oscura. Si la ideología invierte el mundo real es en función de la existencia de un interés, económico o político, de un grupo social, que necesita dar una imagen falsa de la realidad con el fin de persuadir al conjunto de la sociedad de que el mundo, en realidad, es diferente de lo que parece a simple vista. Y no sólo es así, sino que además debe serlo. La ideología forma parte de lo que podríamos llamar el "modo de persuasión", necesario para mantener la cohesión social, junto con el "modo de producción" y el "modo de dominación".

Una distinción posterior que resulta pertinente, como veremos al final, es la que estableció Karl Manheim (Manheim, 1945) entre ideología y utopía. La ideología está constituida por el conjunto de representaciones colectivas que tratan de mantener el statu quo político y económico, y la utopía por aquellas formas de pensar que intentan cambiar la sociedad. La ideología es el pensamiento del pasado y el presente, la utopía el pensamiento del futuro.

Creemos que se puede hablar de la existencia de un grupo de ideólogos del patrimonio, ya que se cumplen estas condiciones. Es decir, que existen personas y grupos que intentan crear un nuevo tipo de realidad aislada, la realidad patrimonial, con el fin de justificar sus intereses profesionales, e incluso económicos, y contribuir al mantenimiento de las situaciones de hegemonía política del presente, tanto en Galicia, desde donde escribimos, como desde España o el conjunto del mundo occidental.

Respecto de la segunda de nuestras palabras, se usa la palabra basura como calificativo para hablar, por ejemplo, de la televisión basura, porque se entiende que en los últimos tiempos se ha producido una evolución de la televisión que ha traído consigo una degradación de los contenidos, en nombre de una supuesta atención a las necesidades del público, consistente en la dedicación de numerosas horas de emisión a programas centrados en la cháchara sobre personajes famosos de los que no debería haber nada que comentar, o a la observación de seres humanos en ciertas condiciones de encierro o convivencia que permitan sacar a la luz sus pasiones.

La televisión basura es la televisión de lo pasional, entendido en el sentido más vulgar, de la trivialidad y de la charla sobre lo nimio y lo banal, todo ello en función de un supuesto interés social y de una mal llamada "demanda" del público.

Creemos que los ideólogos del patrimonio intentan llevar a cabo una labor similar, utilizando estos mismos argumentos pero con una finalidad muy concreta: contribuir a la trivialización de la cultura, y más concretamente de la Historia, la Arqueología y la Historia del arte, con el fin de evitar que puedan convertirse en instrumentos de crítica social y política. El estudio de este proceso merece toda nuestra atención, ya que tiene lugar en todo el mundo occidental, y como tal ha sido estudiado por autores como David Lowenthal (Lowenthal, 1985; 1988), que ha llagado a hablar de la cruzada del patrimonio y de la reducción de la historia a auténticos despojos.

Por último, aclararemos que utilizamos la palabra historia no con una pretensión imperialista de afirmación de un saber académico, sino como sinónimo de realidad humana. Los físicos nos dicen que el universo es histórico y se formó hace unos 15.000 millones de años. Por esta razón, y porque la vida también es histórica, como ya señaló hace mucho Charles Darwin, creemos que la realidad humana es histórica, y partes de esa realidad referidas al pasado son objeto de estudio de la historia, la arqueología y la historia del arte, disciplinas que se relacionan con el llamado "patrimonio cultural".

Para desenmascarar la ideología del patrimonio (suponiendo que tengamos razón), comenzaremos por intentar definirla en una serie de ideas clave, que a continuación iremos descomponiendo en cada una de sus partes, con el fin de ver si así podemos llegar al sustrato histórico-real.

Comenzaremos por algo elemental, pero que se oculta. El término patrimonium procede del latín y deriva de la palabra pater. Designaba en un principio el conjunto de los bienes que poseía el paterfamilias, el propietario por definición en el derecho romano más antiguo. Luego, por extensión, el patrimonio pasó a ser el conjunto de los bienes de una persona jurídica, ya fuese individual o colectiva. Lo que no deja de llamar la atención es que se escamoteen dos cosas en relación con el patrimonio cultural. En primer lugar, que la mayor parte de ese patrimonio, independientemente del propietario de los bienes, no es alienable, sino que está definido y protegido por las leyes.

En segundo lugar, se oculta que el patrimonio cultural puede estar compuesto, en muchos casos, por bienes que carecen totalmente de valor de uso, que tienen valor simbólico, creado en función de la existencia de unos supuestos teóricos, de tipo histórico, arqueológico o artístico. Así, por ejemplo, un tiesto actual no forma parte de ese tipo de patrimonio, ni tampoco una olla, pero un vaso campaniforme o una vasija griega (decorada o no) sí. Ello sólo es explicable por el valor simbólico que se les confiere a ese segundo tipo de objetos.

¿Por qué no se coloca en primer plano el hecho de que las administraciones públicas, sin ser propietarias del patrimonio cultural, de hecho actúan como si lo fuesen? Creemos que porque se pretende quitar a nuestras tres disciplinas (Historia, Arqueología e Historia del arte) toda capacidad crítica, con vistas a obtener un fin político determinado. Ello se logra de dos maneras: obviando que en el gobierno de un Estado suele haber un partido político con una determinada ideología, asociada a determinados proyectos de construcción social, e intentado reducir la función del Estado a la de mero gestor o administrador, desarrollando una ideología, en este y en muchos otros casos, de tipo mercantil.

Para ello hay que desarrollar un proceso de descontextualización, cosificación y trivialización de los objetos que constituyen nuestro tipo de patrimonio, proceso que va unido a la idea de que el patrimonio básicamente sirve para ser exhibido mediante los sistemas de museos y exposiciones. Algunos autores incluso llegan a identificar los bienes patrimoniales con mercancías, y de hecho se utiliza el galicismo "puesta en valor" para designar este proceso. Será necesario pues, en primer lugar, analizar esta peculiar idea de la mercancía y su circulación relacionada con las disciplinas que se ocupan del patrimonio, partiendo no de los supuestos de la teoría económica, sino del sentido común de los procesos económicos, que todos necesitamos conocer para sobrevivir.

Nos centraremos en la Arqueología, donde la aparición de nuevos "bienes" es lo habitual. Suele decirse ahora que un arqueólogo, al realizar una excavación, saca a la luz objetos o estructuras que deben ser "puestas en valor" o en circulación en el mercado cultural. Este mercado coincide con el interés social, ya que es autorregulado, al igual que la sociedad, que en un medio democrático también se regula a sí misma espontáneamente. Esa sociedad o ese pueblo no es sólo el sujeto básico de la vida política, sino que tiene derecho a que se satisfagan sus demandas de todo tipo, que suelen surgir también de forma espontánea.

La realidad histórica, sin embargo, parece ser un poco más compleja. En primer lugar, el mercado no se autorregula tan libremente como creían los economistas del siglo XIX, puesto que uno de los agentes básicos de la vida económica es el propio Estado. Y por otra parte, resulta difícil creer que exista un "mercado de la arqueología".

No existe un mercado de la arqueología, en primer lugar, porque los objetos y estructuras arqueológicas no se pueden obtener excavando libremente ni vender al mejor postor de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, ya que están protegidos por la ley y su "gestor" es el Estado. Y en segundo lugar no existe ese mercado libre porque no hay una demanda espontánea de actividad arqueológica regida por el mercado. La demanda está inducida por la imposición legal de las administraciones públicas y además el proceso de "producción" de objetos y bienes arqueológicos no es un proceso mercantil puro, sino un proceso económico estatal o público, en el que lo que en último término se ventila es el disfrute de una parte de las rentas que puede otorgar el Estado con los fondos que obtiene a través de los impuestos. Las nociones básicas que tendríamos que manejar pues serían impuestos y consumo de la renta estatal.

Sigamos. Una excavación no puede realizarse sin un permiso administrativo, los objetos y estructuras en ella obtenidos pasan a ser protegidas por el Estado, y se financia o bien con fondos públicos, procedentes de los impuestos y consumidos como renta, o bien con fondos privados, en el caso de la activdad arqueológica derivada de la construcción y las obras públicas.

No obstante, sería erróneo contraponer la excavación pública-estatal, financiada con un fin científico, con la excavación de mercado, financiada por una empresa, ya que la estructura económica del proceso en este segundo caso no es opuesta al primero, sino que se conforma según el modelo siguiente: en un mercado se intercambian mercancías por dinero (desde que éste existe) bajo la forma M-D-M (mercancías-dinero-mercancías) o bien bajo la forma D-M-D (dinero-mercancías-dinero). En la primera de ellas, se compra para consumir, mientras que en la segunda, como señaló Marx en el tomo I de El Capital, se compran mercancías para conseguir más dinero.

Si en el caso de la arqueología de intervención, financiada por las empresas o los particulares que desean realizar una obra, existiese una relación mercantil, entonces quien pone el dinero debería quedarse con la mercancía, y así la empresa o el constructor, que son los que pagan, serían los dueños de los materiales arqueológicos, lo que no es cierto. Y ello es así porque el constructor, grande o pequeño, no demanda arqueología. Si pudiese, destruiría los restos arqueológicos con el fin de ahorrar dinero, como harían la mayor parte de los particulares cuando esos restos interfieren, por ejemplo, con la construcción de su propia casa. Lo que ocurre es que las administraciones imponen por ley la salvaguarda y protección de esos restos, y para el particular, el constructor o el gran empresario el trabajo arqueológico es un gasto que tiene que asumir con el fin de obtener un beneficio en la venta de su obra, pública o privada.

En la contabilidad empresarial el gasto arqueológico no es un gasto orientado a la producción de un bien que cubre una demanda, sino una imposiciòn, casi un impuesto, que el Estado obliga a pagar para que se pueda vender una mercancía. En la construcción de una autopista, por ejemplo, hay un vendedor (el empresario) y un comprador (el Estado, que previamente ya es dueño del terreno, y por lo tanto del patrmonio que en él se sitúa). El empresario tiene que incluir entre los costes de producción un coste que no tiene lógica económica, ya que no es necesario para la elaboración de la mercancía. Un coste que el Estado exige un función de un criterio no de tipo económico, sino simbólico. 

Vendedor: empresario Comprador: Estado

Mercancía Autopista

Costes Racionales: materiales y mano de obra Simbólicos: actividad arqueológica

Mercancía Materiales arqueológicos

No vendedor (no cobra, paga) No comprador (ya es el dueño) 

No existe, pues, tal proceso mercantil en arqueología, sino un proceso cultural-simbólico de naturaleza pública, estatal, si hablamos desde un punto de vista económico.

Si pasamos al ámbito estrictamente social, sería discutible que existiese también una demanda social libre de arqueología. A lo largo de miles de años, las sociedades humanas han reutilizado los restos antiguos para su uso económico. Se han desmontado castillos y murallas para construir casas, y los edificios que han sobrevivido es porque se han reutilizado y reconstruido, o bien han quedado abandonados en zonas deshabitadas. La actitud natural ante los bienes arqueológicos es utilizarlos económicamente, no salvaguardarlos, si no existe una razón religiosa, simbólica o cultural para ello.

La conservación y protección de los bienes arqueológicos es inseparable del nacimiento del propio Estado-nación, que crea sus redes de archivos, bibliotecas y museos, y del nacimiento de la Arqueología, la Historia y la Historia del Arte como disciplinas, disciplinas que sólo comenzaron a tener impacto social cuando se comenzaron a enseñar (Gran-Aymerich, 2001). Sin la existencia del Estado y sin el proceso de educación pública o nacional, los objetos arqueológicos hubieran quedado reducidos a ser piezas de las colecciones de ricos curiosos que ya desde el siglo XVI formaron en Europa sus "gabinetes de curiosidades", en los que monedas romanas o estatuas griegas convivían con curiosos caparazones de tortugas gigantes (Pomian, 1990). No podemos disociar pues la arqueología, la historia o la historia del arte de estos tres elementos: Estado, educación e ideología. Nuestros ideólogos lo hacen y pretenden cerrar el círculo de su razonamiento apelando a la libertad, la demanda social y el mercado, todos ellos deformados ideológicamente, para situar el patrimonio cultural en el mundo, no del Estado, sino de la administración (concebida como gestión) del mercado y de la sociedad libre.

Para ello necesitan un nuevo destinatario de los bienes culturales: un destinatario neutro, ideológicamente inocuo y que forme parte del disfrute del statu quo, un destinatario concebido como consumidor. Y ese destinatario será el turista.

Es evidente que el turismo forma parte de nuestra realidad histórica, y como tal no puede ser ignorado. También lo es que hay muchas clases de turismo (legal e ilegal), y que la mayor parte de los turistas viajan en sus períodos de vacaciones y con la finalidad de descansar o entretenerse, como lo demuestra el peso aplastante que tiene el turismo de sol y playa. Suele hacerse una distinción entre el turista y el antiguo viajero. El turismo hoy es masivo, el viaje antiguo se realizaba por motivos religiosos, comerciales, militares (viajes de exploración) o culturales. Los viajeros que podemos asociar más al "consumo" del arte o la arqueología fueron aquellas personas ricas con ocio suficiente para pasar meses o años dedicadas a esos largos viajes en busca de antigüedades para sus colecciones, como los viajeros ingleses estudiados por David Constantine (Constantine, 1989), o aquellos célebres viajeros, como Pausanias en el siglo I de nuestra era, o Goethe, para el que su Viaje a Italia fue toda una experiencia, o Jakob Burkhardt, que narró ese mismo viaje en su Cicerone. Este tipo de viajeros es hoy en día muy minoritario, y desde luego no constituirían el motor de la economía turística, y por eso distan de ser objeto del interés de nuestros ideológolos del mercado del patrimonio. Lo que a ellos les interesa es el turismo de masas, que se pueda cuantificar, en función de cuyos grandes números se pueda medir el éxito económico, social y político de lo que ellos organizan, que es el sistema de exposiciones y museos.

Es evidente que un museo o una exposición pueden ser un excelente medio educativo, pero ese no es siempre el caso. Para que así fuese, sería necesaria una preparación previa a la visita al museo o la exposición. Y esa preparación previa sería inseparable del desarrollo de un proceso educativo, regulado por el Estado. Fomentar los museos y las exposiciones al margen de la educación de niños, adolescentes o adultos parece que no tiene sentido. Pero sí lo tiene si lo que se pretende es reducir esos instrumentos a meros mecanismos de exhibición instrumentalizados políticamente, no con el fin de transmitir una ideología, sino potr el contrario, de desideologizar a la sociedad. Si en la exposición se presentan objetos que no pueden ser comprendidos espontáneamente y sin preparación previa, entonces el visitante, si logra superar el tedio y el cansancio, se fijará en lo anecdótico, sin preocuparse por hacer un esfuerzo de comprensión, ya que al fin y el cabo visita la exposición en su tiempo libre, para descansar, relajarse o entretenerse. El turista tipo no aspira a aprender, aspira a divertirse. Por esa razón museos y exposiciones están siendo parcialmente relegados por parques temáticos seudohistóricos, en los que el turista no sólo no tiene que esforzarse en comprender, sino ni siquiera en imaginar, puesto que todo está reconstruido como si fuese real. Hay incluso personas reales como si fuesen antiguas. En el mundo del turismo de masas y de entretenimiento, los museos y las exposiciones difícilmente podrán competir con esos simulacros en los que el turista no sólo puede beber y comer lo mismo que en casa, sino que además también puede pensar que ese supuesto mundo del pasado (que se le ofrece como presente) debía de ser más o menos igual que el suyo. Entre el mundo pasado y el presente no hay extrañamiento. El pasado no es algo que sea necesario imaginar. Es igual que el presente (y el futuro también lo será), porque al fin y al cabo el presente es lo único que hay. Lo único nuevo serán las mercancías.

A la construcción de ese mundo están dispuestos a contribuir nuestros ideólogos del patrimonio por las razones siguientes:

1. porque hipostasían el mercado, haciéndolo sinónimo de toda la realidad social, viendo incluso como relaciones mercantiles las que son fiscales.

2. porque pretenden convertir el Estado en mero gestor y afirman que la gestión del patrimonio es políticamente neutra.

3. porque al darle autonomía al patrimonio frente a la Historia, la Arqueología y la Historia del Arte, disciplinas que le dan sentido, lo cosifican y descontextualizan, intentando justificar esa opción con su consideración como mercancía.

4. porque al vaciar de contenido el análisis del patrimonio, con el supuesto fin de hacerlo accesible a la sociedad, intentan convertirse en los consumidores privilegidos de la renta estatal destinada al patrimonio y su exhibición, con lo cual se constituyen en grupo económico movido por intereses monetarios, dispuesto a esgrimir argumentos de supuesta neutralidad ideológica

La realidad, sin embargo, es bastante diferente. Desde que en el siglo XIX se crea la noción de patrimonio nacional histórico-artístico, se han desarrollado tres modelos para su uso, en función de sus destinatarios y el objetivo que la Historia, la Arqueología y la Historia del Arte deben cumplir. Tres han sido los destinatarios: el patriota, el ciudadano racional y el turista; y dos han sido las funciones: la educación y el entretenimiento. Podríamos representarlo en el cuadro siguiente: 

Disciplinas Destinatario Función

Historia/Arqueología/Historia del Arte Patriota Educación

Historia/Arqueología/Historia del Arte Ciudadano Educación

Historia/Arqueología/Historia del Arte Turista Entretenimiento 

En el siglo XIX se crea la noción de patrimonio histórico-artístico con el fin de dar cuerpo al Estado-nación, cuya realidad y existencia sólo pueden justificarse mediante la Historia y estas otras disciplinas (Bermejo Barrera, 1986). Se exacavan, por ejemplo, monumentos claves de la historia patria, relacionados con la historia militar, la gloria y las grandes batallas. Tenemos ejemplos de ello en las campañas arqueológicas de Napoleón III (Gran-Aymerich, 2001), en la orientación de la arqueología prehistórica alemana, o en el caso de España en el interés por las excavaciones de yacimientos como Numancia, excavado por Adolf Schulten (Schulten, 2004; ver especialmente el estudio introductorio de F. Wulff), pero que ya desde le siglo XVI era considerado símbolo de la resistencia del pueblo español (el propio Miguel de Cervantes escribió una Numancia).

Este uso todavía continúa en el siglo XX. Tómese como ejemplo la excavación de Masada, la fortaleza de los zelotas, excavación iniciada por A. Schulten pero continuada por Yigael Yadin, un general del ejército israelí. Masada tiene un claro uso político en el Estado de Israel. Allí juran la bandera sus tropas de élite y su lema es "Masada no caerá de nuevo", estableciendo un paralelismo entre los judíos sitiados por los romanos y los israelíes cercados por los pueblos árabes.

Esta función patriótica se ha ido debilitando, aunque en el siglo XX revivió notablemente con el fascismo y el nazismo y sus usos del pasado, analizados por Luciano Canfora (Canfora, 1991), con la exaltación mussoliniana del Principado, sus artes plásticas y su arquitectura. O con los proyectos de Albert Speer para Hitler, más o menos inspirados en la arquitectura clásica. Pero a partir de la II Guerra Mundial y del período de prosperidad económica que le siguió asistimos al nacimiento de un nuevo tipo de Estado: el Estado administrador, en el que las fronteras nacionales se ven diluidas por el incremento de las relaciones económicas, las alianzas políticas y militares y el incremento de los viajes y los medios de comunicación. En este mundo, el patriota, que todavía sigue existiendo, comienza a verse relegado por el ciudadano.

Para comprender el Estado gestor, es conveniente establecer una comparación con el tipo de Estado que le precedió. El Estado-nación clásico del siglo XIX y la primera mitad del XX se caracterizaba por tener una dimensión económica reducida y por dejar al mercado en un funcionamiento supustamente libre y autorregulado. Se entendía que un mercado estaba equilibrado cuando el monto de las mercancías producidas era consumido (Naredo, 2003), supuesto que casi nunca se cumplía, debido a la propia dinámica económica, y al hecho de que en ese mercado "puro" intervenían otros factores de tipo político, social e incluso militar.

Este estado, pequeño por su presupuesto y por el reducido número de funcionarios, tenía básicamente dos funciones: garantizar el orden interior y la seguridad frente a enemigos externos, además de asegurar unas infraestructuras mínimas de comunicación. Creían los historiadores del siglo XIX (y en ello, como casi siempre, se limitan a reproducir las ideas dominantes) que la ocasión en que una nación se manifiesta en toda su plenitud y vitalidad es en la guerra. Por esa razón la idea dominante en este momento es que cada ciudadano ha de ser ante todo un patriota, que ha de estar dispuesto a combatir por su patria (se solía decir a morir por ella, lo que en realidad quería decir a matar por ella). Por esta razón la misión básica de la educación nacional, en la que va a ser un componente fundamental la educación histórica, será la de formar soldados-ciudadanos. Y tal como hemos señalado, los usos del patrimonio histórico-artístico se subordinaban a esta idea base. El Estado-gestor, que nace tras la II Guerra Mundial y coincide con un largo período de paz (por lo menos entre las grandes potencias, que no se van a enfrentar directamente), garantizado por la estrategia nuclear de disuasión y amenaza de destrucción total, y que se corresponde con un largo período de bonanza económica hasta la crisis del petróleo de 1973, se va a configurar de otra forma.

En primer lugar, a partir de Keynes se descubrirá que el Estado es un agente económico fundamental, que puede actuar mediante la inversión pública, para controlar las crisis económicas, producidas por ese mercado supuestamente autorregulado. El presupuesto del Estado va a convertirse en una de las magnitudes económicas más importantes en los países desarrollados. El número de funcionarios se incrementa exponencialmente, y ese Estado asume competencias básicas en educación, sanidad e infraestructuras, que superan en dimensión económica a las partidas dedicadas a defensa. Lo que se le pide al Estado es que garantice educación, sanidad, un buen sistema de cobertura social e infraestructuras adecuadas, partiendo del principio de que el orden interno y la seguridad exterior están garantizados, entre otras cosas por la existencia de grandes alianzas estratégicas. Aunque siguió existiendo el servicio militar obligatorio hasta casi fines del siglo XX, la idea que se empieza a difundir es que el ciudadano sólo secundariamente es un patriota (de hecho, los ejércitos profesionales, en EE.UU. o España tienen grandes problemas de reclutamiento), y básicamente es un consumidor de mercancías producidas en el mercado libre y de los servicios que el Estado ofrece y a los que tiene derecho. Se produce entonces una disyuntiva: los miembros del Estado-Gestor (que aún sigue siendo nación) se puede definir como consumidores o bien como ciudadanos racionales.

El consumidor no quiere ideología, quiere bienes y servicios, y ya habíamos visto que el consumidor de bienes arqueológicos tomaba la forma del turista. La figura del ciudadano consumidor es favorecida por el Estado-gestor, por varias razones. El Estado democrático occidental es en realidad patrimonio de dos grupos sociales: los funcionarios que lo administran técnicamente, y los políticos que lo gobiernan cuando sus partidos consiguen acceder al poder democráticamente. Los partidos políticos constituyen básicamente oligarquías que aspiran a ejercer el poder el mayor tiempo posible, y desean que el ciudadano limite su participación en la política a los procesos electorales periódicos, en los que desean conseguir el mayor número de votos, sin tener en cuenta si este voto es consciente, razonado o está impulsado por otros motivos. Los políticos aspiran a que los consumidores estén satisfechos con los servicios que el Estado ofrece y con el buen funcionamiento del mercado, logrado a base de una buena política económica, y a que gracias a ello sean confirmados periódicamente en el poder. A este tipo de políticos no les interesa que los consumidores utilicen otro tipo de criterios que no sean los económicos, y por ello tratan de reducirlo todo a la ideología del mercado, al que arteramente identifican con la "sociedad" (Canfora, 2003; 2004).

Tras la idea de ciudadano racional se puede adivinar otra concepción del Estado, y consecuentemente de la Historia y del patrimonio. De acuerdo con ella, el Estado debe garantizar la seguridad interior y exterior, ya que sin ella dejaría de existir, y por supuesto debe ofrecer una serie de servicios a los que ya hemos hecho alusión. Pero además de ello (y con esto deberemos retomar una vieja idea alemana) el Estado debe tener un contenido éticoy político, que se encarna en el ordenamiento jurídico y se transmite mediante la educación. La idea del Estado es indisociable del sistema de los derechos humanos, y esos mismos derechos, que se garantizan en el territorio estatal, han de configurar también las relaciones entre los diferentes Estados, de forma que el Estado manifiesta su vitalidad no a través de la guerra, sino de la paz y la cooperación y el entendimiento entre Estados.

Esta concepción del Estado que podemos llamar "ilustrada", defendida en su tiempo por I. Kant (Kant, 2000), es reivindicada actualmente por muchos autores, como Jürgen Habermas (Habermas, 1989). De acuerdo con ella, el contenido ético-político del Estado se transmite mediante la educación (Bildung), entendida (y por eso se utiliza el término alemán) como un proceso de configuración, de formación permanente, que no sólo afecta a niños y adolescentes, sino a todos los ciudadanos. La Bildung política corresponde al Estado, y una parte esencial de ella, además de al derecho y la ética, le corresponde a la Historia.

La Historia sólo tiene sentido si puede ser enseñada y difundida socialmente. La Historia no puede tener ninguna utilidad técnica o económica. Su utilidad económica es secundaria (deriva de la venta de libros o de la rentabilidad de museos y exposiciones), y en modo alguno ha de constituir su fin principal. El proceso de Bildung es un proceso político-social global, en el que participan enseñantes, funcionarios, especialistas en patrimonio e intelectuales libres. Su fin es lograr la creación de ciudadanos racionales. Entendemos por ciudadanos racionales aquellos que son conscientes de estar insertados en su sistema de derechos, pero también de deberes, y que son conscientes de su pertenencia a una comunidad nacional y supranacional, que entienden que el proceso de desarrollo histórico y social es un proceso constante de conquista de la autodeterminación de la especie humana, en el que debería no sólo producir más bienes y adquirir mejores conocimientos técnicos, sino también profundizar en todos los conocimientos que corresponden a la innata necesidad humana de saber.

Este proceso va a ser indisociable del propio desarrollo histórico-político, y consecuentemente tomará la forma de una lucha -no necesariamente violenta- para romper las cadenas que impiden el desarrollo del género humano en sus aspectos sociales, políticos e intelectuales. Se trata, como decía Kant, de lograr salir de nuestra "minoría de edad culpable".

De acuerdo con esto, ¿cómo habría que plantear el uso del patrimonio cultural? Evidentemente, no de acuerdo con la lógica del mercado, partiendo de la figura del consumidor, que en su forma más pura aparece encarnado en la figura del turista; sino partiendo de la idea del ciudadano racional. Eso supone dos cosas: en primer lugar, integrar el patrimonio en el ámbito de los valores políticos (en el sentido griego del término, es decir, de los valores de la comunidad, de la polis); y en segundo lugar, integrar el patrimonio cultural en el ámbito de la Historia, no de la Historia como disciplina entendida con mayor jerarquía que la Historia del Arte o la Arqueología, sino de la Historia como realidad humana fundamental, una realidad que ningún saber puede agotar. Esa definición de la Arqueología como historia cultural ha sido defendida recientemente por Ian Morris (Morris, 2000), y numerosos historiadores del arte, desde Panofsky, han propugnado lo mismo para la Historia del Arte.

El enraizamiento de estas disciplinas en el mundo de los valores ético-políticos presupone la crítica de la visiones postmodernas de la Arqueología, defendidas muy recientemente por ejemplo por Rosemary A. Joyce (Joyce, 2002), y se entronca en el complejo mundo de lo que acabamos de llamar la concepción ilustrada de la Historia. Creo que podríamos sintetizarlas en una fórmula: es preciso repolitizar el patrimonio, hacerlo parte de la polis y desenmascarar a los ideólogos que pretenden trivializarlo, descontextualizarlo y convertirlo en algo que no es: una mercancía. El patrimonio cultural es básciamente del Estado (el Estado español ha invertido 42? por habitante en la conservación del patrimonio en 2004). El patrimonio es un bien público, y su conservación corresponde a los funcionarios encargados de ello y a las autoridades políticas que los dirigen.

Lo que no deben hacer esos políticos y funcionarios es convertir el patrimonio en una industria, en la que en realidad de lo que se trata es de que algunos grupos de apropien de una porción, mayor o menor, de la renta que se deriva del uso de los fondos estatales obtenidos a través de los impuestos. Repolitizar el patrimonio cultural presupone varias cosas. En primer lugar, enraizar la conservación del patrimonio a nivel local, haciendo de los habitantes de cada localidad los primeros interesados en su conservación, no porque de ello se deriven ingresos turísticos, ya que en este caso el patrimonio pasa a ser una rama subsidiaria de la hostelería, sino porque crean que en la conservación de ese patrimonio se esconde algo de su propia identidad. A su vez, eso sólo será posible si esa comunidad local se siente integrada en la comunidad política más amplia, nacional o supranacional, y si ha recidio o está recibiendo el nivel de educación suficiente para poder comprender qué es el patrimonio.

En segundo lugar, conseguir esto requiere integrar las políticas patrimoniales en una política global de formación, de Bildung, de los ciudadanos, en la que lo que se busque no sólo sea la rentabilidad electoral, que se cree conseguir con la promoción de grandes aniversarios, exposiciones u obras arquitectónicas impactantes (Museo Guggenheim de Bilbao, Cidade da Cultura en Santiago). Y esa concepción de la política, a su vez, presupone otra concepción del ciudadano, que no debe ser un votante manipulable por la propaganda u otros medios, ni un consumidor de "bienes culturales", sino un ser consciente y responsable capaz de asumir la parte que le corresponde en la configuración de un destino colectivo.

Todo ello presupone, por último, primar la lógica de la investigación sobre la lógica de la administración . La investigación histórica, arqueológica o histórico-artística consiste en el planteamiento de una serie de problemas, de una serie de preguntas, y de la búsqueda de sus respuestas. Esta investigación posee una lógica interna y debe ser apoyada y financiada por el Estado, dentro del proceso colectivo de Bildung. Han de ser los investigadores los que indiquen el camino a seguir, si esos investigadores están guiados por el sistema de valores de la Ilustración y dispuestos a cumplirlo, ya que esos valores son valores ético-político compartidos por la comunidad.

Si, por el contrario, lo que predomina es la lógica de la administración, como está ocurriendo ahora en España y parece que en el resto del mundo occidental (Bradley, 1998), la investigación, financiada por el Estado con fondos públicos, se orientará a la búsqueda de la rentabilidad mediática y política inmediata, orientada a su vez a la consecución de la rentabilidad electoral de un determinado partido. Los gestores del patrimonio cultural pueden tener una mayor o menor formación histórica, pero su misión básica es poner ese patrimonio al servicio de los investigadores y al servicio de la comunidad política o nacional. En modo alguno pueden arrogarse el título de orientadores de la investigación, que suele obedecer a orientaciones de diverso tipo. Y mucho menos han de convertirse en partes de una red, formada por dirigentes políticos, funcionarios e ideólogos del patrimonio, que a su vez son consumidores preferentes de la renta estatal dedicada a la conservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural.

El patrimonio cultural sólo tiene sentido en el ámbito de la cultura histórica. El proceso de formación de esa cultura es un proceso social, histórico y político, y en una sociedad democrática debería ser un proceso participativo. El desarrollo de lo que en otro tiempo se llamó "ciencias de la cultura" en una parte fundamental del esfuerzo que la especie humana ha venido haciendo en la búsqueda del sentido de la existencia, una búsqueda que a lo largo de la mayor parte de la historia correspondió a la mitología y a la religión. Quizás la búsqueda de ese sentido implique intentar superar la lógica cotidiana marcada por el uso y consumo de las mercancías, a lo que algunos pretenden reducir el patrimonio cultural. Ese esfuerzo sigue valiendo la pena si pretendemos llevar una vida digna, y no sólo rentable. Estamos en el año 2005. el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido dedicarlo al centenario del Quijote, convirtiendo así una obra literaria en un acontecimiento mediático y en el símbolo de la nación española. ¿Qué reflexiones desencadena este hecho? Alonso Quijano, el bueno, era un hidalgo pobre, que vivía en un mundo que podríamos llamar "cutre" y que decidió crearse un mundo arificial, un mundo culto, leyendo novelas de caballería.

Un día decidió salir de su casa y de su biblioteca hacia ese mundo, y leerlo de acuerdo con sus novelas. La realidad le fue demostrando, a golpes, que estaba equivocado, que el mundo no era como é creía, sino mucho más vulgar, gobernado por unos nobles caprichosos que mataban su aburrimiento con bromas de mal gusto, por ejemplo con Sancho.

Tras recorrer ese mundo vulgar, acompañado por Sancho, que no lee novelas de caballería y busca rentabilidad (no tiene más remedio: es pobre), el mundo de Alonso Quijano se desmorona y al final vuelve a su casa, acompañado por lo que podríamos llamar los poderes locales: el cura, el barbero y el bachiller (un titulado universitario). Parte de la curación de Alonso Quijano la constituye la quema de su biblioteca. Pero hay que contarlo todo: a la vez que se cura, muere. Poco antes de morir, Sancho le pide que no lo haga, y para convencerlo le propone que los dos se hagan pastores siguiendo el modelo de la poesía pastoril renacentista (otro modelo literario difícil de encajar en la realidad rural hispánica de ese momento). Pero Alonso Quinajo muere, después de provocar la risa por pretender dar sentido a un mundo partiendo de un discurso libresco e imposible.

Yo quisiera reivindicar ahora la figura de Sancho, pero de ese Sancho pobre, que por supuesto quiere los bienes que necesita para vivir, pero que también comprende que el mundo "real", el mundo de esos bienes, sólo tiene sentido a partir de una ilusión. No sé si se puede aprender algo de la celebración de un centenario (creo que no), pero la lección que podemos obtener de este comentario alegórico es que la ilusión y la realidad prosaica no deben constituir dos mundos separados, que acaben con la aniquilación de la primera en el fuego de una hoguera de libros, y con la muerte o el desencanto de quien la imaginó.

La realidad sólo es soportable si hay un grado mínimo de ilusión que le de sentido. La Historia, con sus diferentes partes, y la política, de la que es indisociable, tienen la misión de hacer la ilusión concebible y posible, si asumen su componente utópico (opuesto al ideológico según Manheim). Los historiadores, arqueólogos e historiadores del arte deberíamos reivindicar un nuevo derecho, el derecho de soñar, de imaginar el pasado y el futuro. Y ese derecho presupone la voluntad de trascender un presente del que nos quieren hacer creer que ha de reducirse a un proceso interminable de producción y circulación de mercancías que acabará devorando a la propia cultura